Villena exige a la Fiscalía acelerar investigación en caso Alexander
(Boletín institucional).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena,
recordó hoy en conferencia de prensa, que el tema de la violencia hacia las
niñas, niños y adolescentes en Bolivia es estructural y creciente y ha sido
denunciada por varias instituciones sin que los organismos del Estado
responsables de prevenirla y erradicarla hayan, tomado ninguna acción efectiva
en ese sentido.
“Las
denuncias y pedidos para que se tomen medidas urgentes, serias y responsables
son demandadas casi a diario por los ciudadanos y ciudadanas, medios de
comunicación e instituciones que trabajan en la temática”, afirmó el Defensor
al recordar que junto al caso del bebé Alexander se presentan a diario otros de
violación, muertes y vejaciones a niñas, niños y adolescentes sin que se haga
nada para revertir esta situación.
En relación
al caso del niño de ocho meses fallecido, pidió que la Fiscalía cumpla con su
responsabilidad de investigar hasta dar con los autores y cómplices del hecho y
pidió a los otros actores involucrados dejar de lado presiones, injerencia y
reacciones corporativas que sólo dificultan la investigación para esclarecer su
muerte y permitir a la justicia avanzar en las averiguaciones para identificar,
procesar y sancionar a los responsables de este hecho.
“Convocamos
a los dirigentes del sector médico a que depongan sus medidas de presión y a
los políticos que no empañen la averiguación de la verdad, pero también
demandamos a los fiscales encargados que realicen su trabajo con seriedad,
celeridad y más eficiencia”, manifestó Villena.
Respecto de la situación de las casas de
acogida, la Defensoría del Pueblo, en cumplimiento a sus responsabilidades, a
través de su Representación Departamental de La Paz realizó una verificación
integral a 17 albergues de la ciudad de La Paz.
En ese entonces se indicó que en las primeras indagaciones se detectaron
falencias graves en infraestructura, falta de recursos, carencia de personal
especializado e interdisciplinario y problemas de administración y
gestión.
La verificación se completó en los meses
siguientes con información escrita que proveyeron las autoridades y responsables
de estos lugares y actualmente se trabaja en la investigación complementaria
que permitirá contar con los datos, el
análisis jurídico y los criterios suficientes para presentar públicamente los
resultados y entregarlos a las autoridades que corresponda, para que se
apliquen los correctivos y las recomendaciones defensoriales, velando además
por el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes a resguarden los
datos personales cuya publicidad pudieran perjudicarles.
“Paralelamente, hemos realizado en esta
gestión, un proceso de verificación a las casas de acogida en las nueve
capitales de departamento del país, para investigar y analizar las medidas de
precaución y cuidado que se aplican para prevenir casos de violencia sexual,
así como los mecanismos de atención sicológica para tratar los casos de las
niñas, niños y adolescentes que se encuentran internados por problemas
relacionados con los delitos de agresión sexual”, indicó.
La autoridad expresó además su esperanza
de que este hecho tan dramático y lacerante logre generar entre las autoridades del Estado y la
sociedad, la sensibilidad y el compromiso de enfrentar de una vez por todas de
manera seria y coherente, el problema de la violencia, el abandono y la falta
de protección que están sufriendo las niñas, niños y adolescentes en Bolivia.
“Esta realidad no sólo la viven en los
hogares de acogida, sino también en sus propios hogares, escuelas, centros
médicos, espacios públicos y otros, tanto de las ciudades como de las
comunidades campesinas, donde se conocen de otros casos tan desgarradores e
inhumanos como los que vimos en el caso de este bebé de apenas ocho meses”,
indicó.
La Defensoría del Pueblo, a través de su
Representación Departamental en La Paz, inmediatamente conoció de este caso inició
un seguimiento y una verificación para identificar la vulneración de derechos
del pequeño Alexander y de su familia, identificar quienes no le prestaron el
cuidado, protección y atención inmediata y garantizar que las averiguaciones
concluyen en el tiempo más breve posible.
Este trágico suceso, acotó, ha mostrado
entre las instituciones del Estado, responsables de garantizar los derechos de
las niñas, niños y adolescentes, “una falta de coordinación, desorden, poca
seriedad en la investigación y un manejo publicitario desmedido, que
contribuyen a generar incertidumbre y aumenta la sensación de indefensión y
vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes, al propio tiempo que poco
contribuye a la averiguación de la verdad”.
“Pese a que el caso de encuentra en el
ámbito de la investigación y que la propia Ministra del Justicia ha
comprometido su intervención para que se garantice un proceso transparente,
oportuno y justo, aspecto que ponderamos y apoyamos, he dispuesto que se haga
un seguimiento exhaustivo en el marco de nuestras competencias”, remarcó.
(Fuente boletín: Prensa/Defensoría del Pueblo)
Rolando Villena (foto archivo) |
Comentarios
Publicar un comentario