Defensor: No se cumplen en Bolivia derechos de niños y niñas

(Boletín institucional).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, manifestó que la   conmemoración de los 25 años de la Convención sobre los Derechos de la Niña y el Niño “nos encuentra ante la evidencia de que los derechos de esta población están lejos de cumplirse y, por el contrario parecen haber dejado de ser prioritarios y sustanciales”.

Al referirse a este día, que se recuerda el 18 de noviembre, Villena destacó los incuestionables avances que se han registrado en Bolivia en los últimos 25 años en favor de las niñas, niños y adolescentes, referidos principalmente al acceso a la educación, la salud, la nutrición, los servicios básicos, la disminución de la mortalidad y su reconocimiento formal como sujetos de derechos, sin embargo, dijo, estos avances dejan de ser relevantes “ante la sucesión pavorosa y creciente de hechos de violencia en todas sus formas, que los han convertido en una de las poblaciones más vulnerables e indefensas de nuestra sociedad”.

En un comunicado de prensa el Defensor indicó además que la pobreza, el abandono, la explotación y la violencia son situaciones y conductas generalizadas, de un modelo de vulneración de derechos que se ensaña contra la infancia y la niñez, pero especialmente contra las niñas que resultan siendo siempre las más afectadas cuando se conocen y se analizan los índices de infanticidios, violencia sexual, maltrato, trabajo infantil y discriminación. 

Cuestionó que ante este panorama ni el Estado ni la sociedad han dado muestras de real interés para cumplir con el mandato supremo de la Constitución Política que señala claramente que “es deber del Estado, la sociedad y la familia garantizar la prioridad del interés superior de la niña, niño y adolescente, que comprende la preeminencia de sus derechos, la primacía en recibir protección y socorro en cualquier circunstancia, la prioridad en la atención de los servicios públicos y privados, y el acceso a una administración de justicia pronta, oportuna y con asistencia de personal especializado” y tampoco de respetar la amplia gama de derechos y garantías que establece la Convención sobre los derechos de las niñas y niños.

Esta cruda realidad se ve reflejada en las alarmantes cifras que muestran que más de 80% de las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus propios hogares o escuelas, a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos de sus propios padres, madres, maestros y su entorno familiar o que más de 800.000 trabajan en Bolivia, muchos de ellos en situaciones de explotación que pone en riesgo su salud, seguridad e integridad; que más de 1.000 viven en cárceles acompañando a sus padres; que cerca de 10.000 se encuentran viviendo en la  calle; que cada año se denuncian casi mil casos de violaciones perpetradas en la mayoría de los casos por padres o familiares cercanos. 

Los datos cuantitativos compiten con las formas crueles, degradantes y atroces con que muchas veces se cometen los actos de violencia contra una población silente y menoscabada en sus derecho a expresarse, denunciar y ser escuchada y atendida en sus reclamos y demandas.

Ante esta situación, la institución defensorial considera que es importante destacar la sensibilidad y el aporte de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales que han aportado en todos estos años para que los derechos de las niñas, niños y adolescentes sean incorporados en los instrumentos jurídicos nacionales y se generen políticas públicas eficaces para garantizar su cumplimiento.

“Sin embargo, creemos que es necesaria una decisión y acción más efectiva desde las instituciones del Estado en todos sus niveles, y un cambio profundo en la mentalidad adultocentrista y encubridora de la sociedad, especialmente en las familias, las escuelas, las comunidades campesinas, las iglesias, los medios de comunicación, las empresas y otros”, señalda Villena en su comunicado.

En cumplimiento de su mandato constitucional la Defensoría del Pueblo ha impulsado y lo sigue haciendo, un trabajo permanente para denunciar, alertar, sensibilizar, incidir y promover acciones que por un lado la sociedad se sensibilice sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes y por otro exijan a los gobiernos, el cumplimiento de las normas y los acuerdos internacionales que nos obligan a todas y a todos en este objetivo que es fundamental para alcanzar una sociedad más justa y humana.

Es en ese marco, que el Defensor en la gestión 2012 convocó a una gran cruzada nacional para enfrentar el tema de la violencia en todas sus formas, pero especialmente la que afecta a la infancia, la niñez y la adolescencia que involucre a los diversos niveles del Estado, en su tres Órganos de Gobierno, las gobernaciones, los municipios, situación que desde entonces no ha cambiado y que por el contrario recrudece como reflejan los casos de violencia que a diario se conocen.

(Fuente de foto y boletín: Defensoría del Pueblo)