Human Rigths Watch elaboró informe sobre situación de derechos humanos en Bolivia
(Documentos).- La organización mundial Human Rigths Watch (HRW) difundió su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. A continuación difundimos el informe sobre el caso de Bolivia.
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Descargar el archivo sobre el caso boliviano en PDF desde el siguiente link:
Informe Mundial 2014: Bolivia (Los hechos de 2013)
Los problemas que han afectado históricamente
al sistema de justicia penal de Bolivia, como el uso arbitrario y
extendido de la prisión preventiva y largas demoras en los procesos,
socavan los derechos de los acusados y profundizan la grave
sobrepoblación que existe en las cárceles. Persiste la impunidad en
casos de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el
régimen autoritario que gobernó al país de 1964 a 1982.
El gobierno del Presidente Evo Morales continuó profiriendo
agresiones verbales contra la prensa, y acusó a periodistas de tendencia
crítica de faltar a la verdad motivados por intereses políticos.
Tras las protestas públicas que se produjeron luego del resonado
asesinato de varias mujeres, el gobierno sancionó en marzo de 2013 una
ley integral para combatir la violencia de género.
Juicios por abusos del pasado
Bolivia ha conseguido escasos avances en la investigación y el
juzgamiento de violaciones de derechos humanos cometidas por gobiernos
autoritarios entre 1964 y 1982. Una de las causas ha sido la renuencia
de las fuerzas armadas a brindar información que podría esclarecer el
destino o paradero de personas asesinadas o desaparecidas durante este
período.
Los planes para crear una comisión de la verdad anunciados por el
gobierno de Morales en 2008 no se han concretado en la práctica. Bolivia
no ha cumplido su compromiso de indemnizar a las víctimas de violencia
política de ese período. Una ley de 2004 previó un presupuesto de fondos
gubernamentales por US$ 3,6 millones para este fin, que alcanzarían
para cubrir solamente el 20 por ciento de los costos propuestos. El
resto de los fondos debían ser aportados por donantes privados, pero
nunca fueron recaudados.
En abril de 2012, el Congreso sancionó una ley en la cual anunciaba
pagos por única vez equivalentes a cerca del 20 por ciento de las
cantidades aprobadas en 2004. En diciembre de 2012, 1.418 de los 1.714
beneficiarios aprobados habían recibido uno de estos pagos reducidos,
según indicó el gobierno. Muchos otros potenciales beneficiarios
indicaron que fueron rechazados debido a las evidencias documentales
excesivamente rigurosas exigidas por la comisión gubernamental para
evaluar las solicitudes.
Las demoras en los juicios contra líderes de oposición y funcionarios
gubernamentales han obstaculizado la posibilidad de justicia para
víctimas de los violentos enfrentamientos ocurridos en 2008 entre
partidarios y opositores del Presidente Morales. Los reiterados cambios
de jurisdicción y la ineficacia fiscal también han socavado el derecho
de los acusados al debido proceso y a un juicio sin dilaciones. Hasta
agosto de 2013, un tribunal de La Paz aún estaba examinando la prueba en
un caso vinculado con Leopoldo Fernández, ex prefecto de policía del
departamento de Pando, y cinco funcionarios locales, acusados en 2008
por su rol en una masacre ocurrida en septiembre de 2008 y durante la
cual perdieron la vida 13 personas. El juez suspendió el proceso
reiteradas veces, ante la incomparecencia de los acusados.
A pesar de la consternación expresada a nivel internacional, el
gobierno no ha reabierto la investigación sobre el asesinato de dos
ciudadanos húngaros (uno de ellos nacido en Bolivia) y un irlandés en
2009, a quienes el gobierno señaló como mercenarios implicados en una
conspiración separatista. Murieron abatidos por disparos policiales
luego de que esta fuerza irrumpiera en las habitaciones de un hotel de
Santa Cruz donde estaban alojados. Los informes periciales de un
patólogo del gobierno irlandés y un consultor forense independiente
sugieren que al menos dos de ellos habrían sido víctimas de ejecución
extrajudicial.
Jurisdicción militar
En una decisión emblemática dictada en diciembre de 2012, el Tribunal
Constitucional determinó que el caso sobre la muerte de un conscripto
ocurrida en 2011 tras un ejercicio de entrenamiento, aparentemente a
causa de que los instructores lo golpearon en la cabeza y el tórax,
debía tramitar en la justicia penal ordinaria. El tribunal instó a los
legisladores a reformar el Código Penal Militar para adecuarlo a lo
establecido en las normas internacionales de derechos humanos, que
disponen que todas las violaciones de derechos humanos deben ser
juzgadas por tribunales de la justicia penal ordinaria.
Violaciones del debido proceso
La amplia discrecionalidad de los jueces para disponer la prisión
preventiva y la falta de acceso a defensores de oficio han debilitado
considerablemente los derechos de debido proceso de personas acusadas de
delitos, especialmente entre los sectores pobres de Bolivia.Según un
informe publicado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH),en septiembre de 2012 el 84
por ciento de los presos en Bolivia aún estaban a la espera de un
juicio. El derecho boliviano contempla hasta tres años de prisión
preventiva, si bien este límite muchas veces se transgrede en la
práctica.
Algunos acusados que cobraron notoriedad también han sufrido
violaciones al debido proceso y persecución judicial. En octubre de
2013, José María Bakovic, ex director del Sistema Nacional de Carreteras
(SNC), murió de un ataque cardíaco a los 74 años y luego de que la
fiscalía lo obligara a asistir a una audiencia en La Paz, a pesar de las
advertencias de los médicos de que, debido a la altitud, el traslado
hasta allí podía poner en riesgo su vida. Bakovic, quien trabajó
enérgicamente para erradicar la corrupción en el SNC mientras ejerció
como director, se convirtió él mismo en objeto de una investigación de
corrupción luego de que el Presidente Morales asumiera en 2006. Antes de
su muerte, afirmó que había tenido que defenderse en 72 causas
iniciadas en distintas regiones de Bolivia, y finalmente en agosto de
2013 fue condenado a tres años de prisión por daño económico al Estado.
Condiciones en centros de detención
La ampliación de los períodos de prisión preventiva y las dilaciones
en los juicios han agravado la sobrepoblación en las cárceles de
Bolivia. Hasta septiembre de 2013, el gobierno informó que había 14.770
internos alojados en cárceles con capacidad para menos de 5.000. El 80
por ciento de estos presos, según fue señalado entonces por el
Presidente Morales, se encontraban detenidos debido a “demoras en el
sistema judicial”.
Las condiciones en los centros de detención son deficientes: la
infraestructura es precaria, la alimentación y la atención médica son
insuficientes y el control interno a menudo lo ejercen los mismos
presos. Al menos 35 internos fueron asesinados, y más de 50 resultaron
heridos en un incendio provocado durante un enfrentamiento entre bandas
rivales ocurrido en agosto de 2013 en la cárcel de Palmasola. Entre los
muertos había un bebé de 18 meses que estaba pasando la noche en prisión
con su padre, quien presuntamente falleció mientras intentaba
protegerlo de las llamas.
En septiembre, el Presidente Morales firmó un decreto por el cual
conmutó la pena de presos que cumplían condenas de hasta ocho años por
otras menores, y estableció la posibilidad de liberar a quienes cumplían
prisión preventiva por delitos que acarrean penas de cuatro años de
prisión o menores y concederles una amnistía gubernamental. Si bien el
gobierno estimó que esto afectaría a cerca de 2.000 presos, la Iglesia
Católica de Bolivia consideró que solamente cerca de 600 internos en
prisión preventiva reunirían los requisitos para la liberación, debido a
las rigurosas condiciones de elegibilidad.
Violencia de género y derechos reproductivos
Numerosas mujeres y jóvenes de Bolivia están expuestas a un alto
riesgo de violencia de género. Según estadísticas policiales informadas
por la prensa, en 2012 hubo más de 140 asesinatos de mujeres en
episodios de violencia de género, y se presentaron miles de denuncias
vinculadas con estos hechos. A raíz de las protestas públicas
organizadas tras los resonados homicidios de varias mujeres a comienzos
de 2013, incluido el asesinato de la periodista Hanalí Huaycho, que fue
apuñalada por su esposo —un ex policía— en febrero, el gobierno sancionó
en marzo una ley integral contra la violencia de género. Antes del
asesinato, Huaycho había denunciado abusos por parte de su esposo a las
autoridades.
La nueva ley añade el término “feminicidio” al Código Penal (para el
cual prevé una pena de 30 años de prisión sin derecho a indulto), crea
un equipo de trabajo para combatir la violencia doméstica y exige la
construcción de centros de acogida para mujeres, entre otras reformas.
En Bolivia, las víctimas de violencia sexual deben recibir
autorización judicial para poder acceder a servicios de aborto legal. De
lo contrario, podrían ser procesadas penalmente. Por ejemplo, una mujer
indígena cumplió ocho meses de prisión en 2012 por someterse a un
aborto sin autorización luego de haber quedado embarazada durante una
violación.
Libertad de expresión
Si bien existe un dinámico debate público, algunas veces el
Presidente Morales o sus ministros han expresado críticas agresivas
contra la prensa, al acusar a periodistas de mentir y distorsionar la
realidad impulsados por intereses políticos. En agosto de 2013, el
ministro de la presidencia calificó al periódico Página Siete
de La Paz de “indecoroso, malicioso, engañoso y mendaz” y de mantener
vínculos con políticos de la derecha chilena. Los comentarios del
ministro fueron vertidos luego de que, ese mismo mes, en un discurso
conmemorativo del Día de la Independencia, el Presidente Morales acusara
a ciertos periódicos —que no identificó— de posicionarse a favor de
Chile (Bolivia mantiene históricamente una controversia marítima con
Chile). En agosto de 2012, el gobierno presentó una denuncia penal
contra Página Siete y otros dos medios por “incitación al
racismo” luego de la publicación de un titular que supuestamente
distorsionaba los dichos del presidente con respecto a la escasez de
alimentos. En septiembre de 2013, la causa aún estaba abierta.
En octubre de 2013, la Asamblea Legislativa estaba debatiendo un
proyecto de ley presentado por el gobierno sobre transparencia y acceso a
información pública. La Asociación Nacional de Prensa criticó varias de
las causas de confidencialidad previstas en el proyecto, que concede a
un amplio espectro de autoridades gubernamentales la potestad de
establecer excepciones al acceso.
Actores internacionales clave
Bolivia apoyó una campaña de Ecuador destinada a debilitar la
independencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y
limitar el financiamiento y la efectividad de su Relatoría Especial
sobre libertad de expresión. Si bien no lograron conseguir apoyo para
este propósito durante la sesión de marzo de 2013 de la Asamblea General
de la Organización de los Estados Americanos, ambos gobiernos, al igual
que otros miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de
Nuestra América (ALBA), manifestaron claramente su intención de
continuar impulsando estos cambios en el futuro.
En junio de 2013, el Comité contra la Tortura exhortó a Bolivia a
adoptar legislación que tipificara a la tortura como un delito con
entidad propia conforme a la definición del Comité contra la Tortura, y
manifestó consternación por las demoras en la investigación de presuntos
casos de tortura.
En octubre de 2013, en una versión preliminar de sus observaciones
finales con respecto al tercer informe periódico de Bolivia, el Comité
de Derechos Humanos de la ONU instó al país a implementar alternativas a
la detención preventiva y a limitar rigurosamente la duración de estas
medidas, así como a eliminar el requisito de autorización judicial
previa para el aborto terapéutico y el aborto en casos de violación e
incesto, entre otras recomendaciones.
En abril de 2013, el Comité de Protección de los Trabajadores
Migratorios de la ONU expresó preocupación ante la persistencia de
actos de discriminación contra trabajadores migrantes y refugiados en
Bolivia, y la falta de constancias de que los trabajadores migrantes
cuyos derechos habían sido violados hubieran recibido algún tipo de
reparación.
También en abril, Bolivia se convirtió en el segundo estado miembro
de la Organización Internacional del Trabajo en América Latina en
ratificar el Convenio sobre Trabajadores Domésticos, que reconoce
garantías fundamentales a millones de trabajadores domésticos, en su
mayoría mujeres y jóvenes, que realizan tareas básicas del hogar en
casas particulares.
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