Villena consternado por violación y muerte de niña en Capinota
(Boletín institucional).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, expresó
hoy su indignación y alarma tras conocer de la violación y muerte de una niña
de cinco años en la comunidad de Sicaya, en el municipio cochabambino de
Capinota, quien fue trasladada a un centro médico por un cuadro de fiebre y donde
habría sufrido el ultraje. El acusado del vejamen fue enviado a la cárcel de El
Abra con detención preventiva, según informó el Ministerio Público.
“Estamos más que consternados por este
hecho que sigue mostrando los efectos de una sociedad que parece haber perdido
definitivamente la humanidad y donde se dan todos los días casos trágicos hasta
el salvajismo y donde las víctimas en su mayoría son mujeres y niñas. Y para sumar la tragedia, estos casos ni
siquiera merecen la atención y la alarma pública porque se han naturalizado
o quizá porque se trata de una niña
campesina”, lamentó la autoridad que instruyó a su Representante en Cochabamba,
Andrés Cuevas, que exija a las autoridades departamentales una explicación del
por qué no se ha dictado el estado de alerta en ese departamento pese a la cantidad
de sucesos de violencia contra mujeres ocurridas en esa región.
“Justamente el sábado fui informado por mi
Representante en Cochabamba de otro caso de feminicidio que habría ocurrido en
la región del Chapare, que se suma al intento de asesinato de una trabajadora
sexual en Cochabamba, a otro feminicidio ocurrido en Trinidad y al intento de
asesinato de una mujer por su esposo militar.
Y todo esto a pocos días de haberse dictado por fin el Decreto Supremo
que reglamenta la Ley 348 que dispone la una serie de medidas para prevenir y
proteger a las mujeres víctimas de violencia”, indicó Villena.
El Defensor indicó que aunque es evidente
que el Estado está dando pasos importantes para enfrentar el tema de la
violencia contra las mujeres, todavía queda un largo camino por recorrer debido
a que este problema es estructural y tiene orígenes en el patriarcado, “que es
un sistema construido y reproducido en toda nuestra historia y al que aún
no se lo ha afectado ni en la sociedad
ni en la propia clase política”.
“Parece que nos estamos conformando con
sancionar con 30 años de cárcel a los feminicidas, con dictar más normas y
seguir contando a las víctimas, y no estamos viendo la gravedad y urgencia de
trabajar en acciones de protección y vigilancia, especialmente de niñas y
adolescentes en las escuelas, los barrios, las calles, las casas de acogida e,
incluso, en los centros médicos como en este caso”, señaló.
Villena recordó que desde la Defensoría del
Pueblo y ante la evidencia de los datos conocidos públicamente, se demandó la
declaratoria de estado de alerta por los casos de violencia contra las mujeres
en todo el país, sin embargo ni el gobierno central ni la mayoría de los
municipios y las gobernaciones han tomado con responsabilidad y seriedad la
necesidad de asumir esta medida “los hechos continúan y solamente se da cuenta
de la detención y sanción contra los responsables sin tomar ninguna medida para
prevenir y evitar que se sigan cometiendo estos crímenes tan brutales”, dijo.
En relación al Decreto que reglamenta la
Ley 348, el Defensor señaló que es un avance que debe destacarse pese a que
incomprensiblemente el gobierno tardó más de 18 meses en emitirlo. Ponderó que esta normativa instruya que se
destinen recursos del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) destinado a
seguridad ciudadana, para la construcción de casas de acogida para mujeres
víctimas de violencia; para fortalecer los Servicios Legales Integrales y la
Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia; además de definir las
responsabilidades del Sistema Integral Plurinacional de Prevención, Atención,
Sanción y Erradicación de la Violencia en Razón de Género; la obligatoriedad de
los Ministerios de Defensa y de Gobierno a implementar programas y acciones de
prevención de la violencia contra las mujeres dirigidos a miembros de las
Fuerzas Armadas y de la Policía Boliviana; y la responsabilidad de realizar
campañas de información y sensibilización a través de los medios de
comunicación.
Sin embargo, criticó la excesiva formalidad
y burocracia que se establece para emitir alertas por este tema. “Nos parece un
exceso que se pongan condiciones burocráticas para asumir estas medidas,
especialmente cuando se habla de conformar previamente comisiones, elaborar
planes y determinar indicadores y la línea base para establecer los tipos y los
ámbitos específicos para determinarlas.
Creo que hasta que eso ocurra los casos seguirán sumándose sin que hagamos
nada para evitarlo”, manifestó.
Finalmente, indicó que la institución que
dirige planteará a las instituciones y organizaciones que trabajan en el tema
de protección y defensa de los derechos de la niñez, que se trabaje
conjuntamente en la implementación de acciones efectivas que vayan más allá de
la gestión de imagen y que se haga más énfasis en la exigibilidad y la
vigilancia en los ámbitos de la protección, el cuidado,
el seguimiento y la sanción.
(Fuente de foto y boletín: Defensoría del Pueblo)
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