Defensoría del Pueblo pide suspensión de Sacha Llorenti ante la ONU
(Documento).- El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, emitió un comunicado para referirse a los dos años de los incidentes de la represión en Chaparina a los indígenas del TIPNIS
Los únicos avances que podemos verificar en este caso son la aparición de nuevos testimonios y confesiones que nos muestran una acción planificada de injerencia, infiltración e intervención de la movilización de los pueblos indígenas, cuyo delito fue exigir ser escuchados y reivindicar sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Las investigaciones se han sumergido en una especie de letargo más parecido a la complicidad, y en la sucesión de contradicciones, artilugios y confusiones que no pueden calificarse como ineficiencia o incapacidad del sistema, ya que en el mismo periodo, las autoridades judiciales y policiales han descubierto y solucionado otros casos más complejos y menos evidentes, en tiempos plausiblemente cortos.
Mientras los autores intelectuales y materiales de la intervención en Chaparina gozan de libertad, protección y tranquilidad, las víctimas pasaron a ser acusados y perseguidos por el propio sistema de justicia que debería protegerlos, y sus organizaciones divididas y diezmadas, en medio de una total indefensión y vulnerabilidad.
Nuevamente, como ocurrió en el pasado remoto, sus derechos humanos fundamentales son ignorados, vulnerados o negados y su propia reivindicación y demanda de justicia ha sido contaminada por los intereses políticos de todos los colores, que utilizan este episodio para alimentar sus pugnas o ganar protagonismo.
Las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de derechos humanos hemos exigido en todos los espacios, instancias y foros que el Estado cumpla con su compromiso y su obligación de sancionar los delitos cometidos a través de demandas, informes y procesos sin que hasta la fecha tengamos respuestas y acciones claras y efectivas.
A dos años de la represión, y como institución constitucional, responsable de la defensa de los derechos humanos, nos sumamos a la indignación general y planteamos:
1. Solicitar al Ministerio Público que, en base a las recomendaciones emitidas por nuestro Informe de noviembre de 2011 y confirmadas por los nuevos elementos de pruebas y las declaraciones de varios implicados, publicados en los últimos meses, que reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación al Sr. Sacha Llorenti, Ministro de Gobierno, quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos.
2. Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que suspenda de sus funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas al Sr. Sacha Llorenti para que pueda explicar en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones de Chaparina.
3. Solicitar a las Asamblea Legislativa Plurinacional que se conforme una Comisión especial compuesta por las Comisiones legislativas correspondientes, las organizaciones representativas de las naciones tsimane, yuracaré y mojeño y otras entidades pertinentes que garanticen imparcialidad, ecuanimidad y transparencia, para que, a nombre del Estado y la sociedad, fiscalicen la investigación y garanticen un debido proceso.
4. Demandar a la Fiscalía General del Estado que amplíe la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación directa o indirecta en la represión y posterior traslado de los marchistas.
Por decisión de la Constitución Política del Estado, nuestros recursos son la denuncia, la visibilización, la persuasión y la demanda y seguiremos utilizándolos en todo momento hasta que este caso sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia por sus actos.
Dos años de la Impunidad
A dos años de la violenta represión ejercida contra la marcha indígena del TIPNIS, y a cuatro años del nacimiento del Estado Plurinacional, nuevamente nos encontramos frente a la evidencia que la impunidad y la retardación son las respuestas del Estado a la demanda de justicia.
Los únicos avances que podemos verificar en este caso son la aparición de nuevos testimonios y confesiones que nos muestran una acción planificada de injerencia, infiltración e intervención de la movilización de los pueblos indígenas, cuyo delito fue exigir ser escuchados y reivindicar sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado Plurinacional.
Las investigaciones se han sumergido en una especie de letargo más parecido a la complicidad, y en la sucesión de contradicciones, artilugios y confusiones que no pueden calificarse como ineficiencia o incapacidad del sistema, ya que en el mismo periodo, las autoridades judiciales y policiales han descubierto y solucionado otros casos más complejos y menos evidentes, en tiempos plausiblemente cortos.
Mientras los autores intelectuales y materiales de la intervención en Chaparina gozan de libertad, protección y tranquilidad, las víctimas pasaron a ser acusados y perseguidos por el propio sistema de justicia que debería protegerlos, y sus organizaciones divididas y diezmadas, en medio de una total indefensión y vulnerabilidad.
Nuevamente, como ocurrió en el pasado remoto, sus derechos humanos fundamentales son ignorados, vulnerados o negados y su propia reivindicación y demanda de justicia ha sido contaminada por los intereses políticos de todos los colores, que utilizan este episodio para alimentar sus pugnas o ganar protagonismo.
Las organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y otras instituciones de derechos humanos hemos exigido en todos los espacios, instancias y foros que el Estado cumpla con su compromiso y su obligación de sancionar los delitos cometidos a través de demandas, informes y procesos sin que hasta la fecha tengamos respuestas y acciones claras y efectivas.
A dos años de la represión, y como institución constitucional, responsable de la defensa de los derechos humanos, nos sumamos a la indignación general y planteamos:
1. Solicitar al Ministerio Público que, en base a las recomendaciones emitidas por nuestro Informe de noviembre de 2011 y confirmadas por los nuevos elementos de pruebas y las declaraciones de varios implicados, publicados en los últimos meses, que reconsidere y revierta la decisión de excluir de la investigación al Sr. Sacha Llorenti, Ministro de Gobierno, quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana era responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos.
2. Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que suspenda de sus funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas al Sr. Sacha Llorenti para que pueda explicar en nuestro país su participación, conocimiento y autorización en las acciones de infiltración, intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante las horas posteriores a las acciones de Chaparina.
3. Solicitar a las Asamblea Legislativa Plurinacional que se conforme una Comisión especial compuesta por las Comisiones legislativas correspondientes, las organizaciones representativas de las naciones tsimane, yuracaré y mojeño y otras entidades pertinentes que garanticen imparcialidad, ecuanimidad y transparencia, para que, a nombre del Estado y la sociedad, fiscalicen la investigación y garanticen un debido proceso.
4. Demandar a la Fiscalía General del Estado que amplíe la investigación a todo el personal policial y civil que tuvo participación directa o indirecta en la represión y posterior traslado de los marchistas.
Por decisión de la Constitución Política del Estado, nuestros recursos son la denuncia, la visibilización, la persuasión y la demanda y seguiremos utilizándolos en todo momento hasta que este caso sea esclarecido y los responsables respondan ante la justicia por sus actos.
La Paz, 25 de Septiembre de 2013
A
dos años de la violenta represión ejercida contra la marcha indígena
del TIPNIS, y a cuatro años del nacimiento del Estado Plurinacional,
nuevamente nos encontramos frente a la evidencia que la impunidad y la
retardación son las respuestas del Estado a la demanda de justicia.
Los
únicos avances que podemos verificar en este caso son la aparición de
nuevos testimonios y confesiones que nos muestran una acción planificada
de injerencia, infiltración e intervención de la movilización de los
pueblos indígenas, cuyo delito fue exigir ser escuchados y reivindicar
sus derechos reconocidos en la Constitución Política del Estado
Plurinacional.
Las
investigaciones se han sumergido en una especie de letargo más parecido
a la complicidad, y en la sucesión de contradicciones, artilugios y
confusiones que no pueden calificarse como ineficiencia o incapacidad
del sistema, ya que en el mismo periodo, las autoridades judiciales y
policiales han descubierto y solucionado otros casos más complejos y
menos evidentes, en tiempos plausiblemente cortos.
Mientras
los autores intelectuales y materiales de la intervención en Chaparina
gozan de libertad, protección y tranquilidad, las víctimas pasaron a ser
acusados y perseguidos por el propio sistema de justicia que debería
protegerlos, y sus organizaciones divididas y diezmadas, en medio de una
total indefensión y vulnerabilidad.
Nuevamente,
como ocurrió en el pasado remoto, sus derechos humanos fundamentales
son ignorados, vulnerados o negados y su propia reivindicación y demanda
de justicia ha sido contaminada por los intereses políticos de todos
los colores, que utilizan este episodio para alimentar sus pugnas o
ganar protagonismo.
Las
organizaciones indígenas, la Defensoría del Pueblo y otras
instituciones de derechos humanos hemos exigido en todos los espacios,
instancias y foros que el Estado cumpla con su compromiso y su
obligación de sancionar los delitos cometidos a través de demandas,
informes y procesos sin que hasta la fecha tengamos respuestas y
acciones claras y efectivas.
A
dos años de la represión, y como institución constitucional,
responsable de la defensa de los derechos humanos, nos sumamos a la
indignación general y planteamos:
1.
Solicitar al Ministerio Público que, en base a las recomendaciones
emitidas por nuestro Informe de noviembre de 2011 y confirmadas por los
nuevos elementos de pruebas y las declaraciones de varios implicados,
publicados en los últimos meses, que reconsidere y revierta la decisión
de excluir de la investigación al Sr. Sacha Llorenti, Ministro de
Gobierno, quien tenía plena autoridad sobre la Policía Boliviana era
responsable de la seguridad interna durante los luctuosos sucesos.
2.
Recomendar al Ministerio de Relaciones Exteriores, que suspenda de sus
funciones de Embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas al Sr. Sacha
Llorenti para que pueda explicar en nuestro país su participación,
conocimiento y autorización en las acciones de infiltración,
intervención y posterior traslado de los indígenas del TIPNIS, durante
las horas posteriores a las acciones de Chaparina.
3.
Solicitar a las Asamblea Legislativa Plurinacional que se conforme una
Comisión especial compuesta por las Comisiones legislativas
correspondientes, las organizaciones representativas de las naciones
tsimane, yuracaré y mojeño y otras entidades pertinentes que garanticen
imparcialidad, ecuanimidad y transparencia, para que, a nombre del
Estado y la sociedad, fiscalicen la investigación y garanticen un debido
proceso.
4.
Demandar a la Fiscalía General del Estado que amplíe la investigación a
todo el personal policial y civil que tuvo participación directa o
indirecta en la represión y posterior traslado de los marchistas.
Por
decisión de la Constitución Política del Estado, nuestros recursos son
la denuncia, la visibilización, la persuasión y la demanda y seguiremos
utilizándolos en todo momento hasta que este caso sea esclarecido y los
responsables respondan ante la justicia por sus actos.
La Paz, 25 de Septiembre de 2013
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