Rolando Villena pide al gobierno declarar alerta máxima contra la violencia a las mujeres

(Boletín).- Ante la creciente violencia física y sexual hacia mujeres y niñas y los feminicidios, el Defensor del Pueblo, Rolando Villena, junto a representantes de organizaciones de mujeres y de familiares de las víctimas, exigió a las autoridades del Ejecutivo, de las gobernaciones departamentales y de gobiernos municipales la inmediata “declaratoria de alerta máxima contra la violencia a las mujeres en todo el país”.

Villena, en conferencia de prensa realizada este lunes, manifestó que la figura del estado de alerta se encuentra especificada en el Art. 38 de la Ley 348 y debe ser activado por las cifras que muestran el incremento de estos casos y por una responsabilidad y obligación que tiene el Estado de proteger a las mujeres sometidas a todo tipo de violencia. En el evento recordó a las cientos de mujeres y niñas que han sido asesinadas en los últimos años y siguen muriendo cada día producto de golpes, ahorcamientos, apuñalamientos, asfixia y otras formas inimaginables, en medio de torturas, sadismo, odio, crueldad y desprecio a la vida. 

Cuestionó la impunidad y complicidad de jueces, fiscales y abogados frente a esta realidad; la incapacidad, inoperancia y desidia de las autoridades responsables de la aplicación de las normas; la connivencia de los sistemas educativos, la ciudadanía, los medios de comunicación, las instituciones cívicas, los partidos políticos y hasta las iglesias, “que constituyen este enorme y despiadado sistema patriarcal que, en lugar de ser afectado en el Estado Plurinacional, que como parte de su proceso de construcción se propuso la despatriarcalización y el inicio de profundos cambios estructurales, parecen fortalecerse y reproducirse con más comodidad que nunca”.

La propuesta

La propuesta presentada este lunes, plantea que la declaratoria de alerta debe, mínimamente, activar recursos de emergencia, medidas y acciones para prevenir la violencia contra las mujeres; intensificar acciones de atención y protección; diseñar e implementar una campaña de comunicación, sensibilización y educación permanente y sostenida, contra la violencia a las mujeres, liderada por el Ministerio de Comunicación; generar alianzas con organizaciones de la sociedad civil e implementar acciones orientadas a eliminar las barreras de género en el tratamiento de las causas de violencia contra la mujer, así como reducir los niveles de impunidad.

Pidió al Ministerio de Justicia y a la Asamblea Legislativa Plurinacional trabajar en la aprobación inmediata de Reglamento de la Ley 348 y la asignación de presupuesto suficiente para implementar lo que dispone esta normativa; al Ministerio Público y a la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia (FELCV) demandó el inicio de procesos de oficio contra las declaraciones públicas de gobernantes, autoridades, políticos, opinadores o conductores de programas, cuando emitan criterios o palabras que resulten ofensivas a la dignidad, degradantes y discriminadoras contra las mujeres. Asimismo, exigió a Órgano Judicial implementar mecanismos idóneos y y oportunos para que las causas pendientes por violencia contra la mujer y los feminicidios no queden en la impunidad.

“El Estado no puede continuar indiferente ante las acciones violentas e incontrolables del poder patriarcal que se ensaña cada día contra los cuerpos y la vida de las mujeres, ya que de hacerlo, incurrirá en responsabilidad pública y violación de derechos por omisión y acción y aportará al crecimiento de esta pandemia social que, vulnera los derechos humanos fundamentales y acrecienta las grandes brechas de relaciones desiguales de poder entre mujeres y hombres”, remarcó el Defensor.

De forma paralela a estas acciones y en el marco de la convocatoria que la Defensoría del Pueblo hizo el año pasado para impulsar una cruzada nacional contra la violencia a mujeres, niñas, niños y adolescentes, Villena anunció que ha dispuesto, que desde sus 18 oficinas en el todo el país y en un trabajo coordinado con organizaciones de la sociedad, se fortalezca el Observatorio de Violencia hacia la Mujer  para hacer un seguimiento a los casos denunciados o conocidos, visbilizarlos y exigir la investigación y la sanción correspondiente y la atención a las víctimas.

Las representaciones defensoriales, además,  harán seguimiento de las acciones que realicen las instituciones del Estado para la implementación plena y urgente de la Ley 348  y de las medidas emergentes de la declaratoria de alerta máxima; asumirán de oficio la atención de los casos de violencia contra la mujer hasta lograr la restitución de derechos y la sanción de los responsables. Esta demanda de declaratoria, precisó, también será planteada a nivel departamental y municipal.

(Fuente boletín: Defensoría del Pueblo)

foto Defensoría del Pueblo