Rebeca Delgado interpone recurso contra gastos de gobierno en Cumbre del G77
(Audio y boletín institucional).- La diputada Rebeca Delgado, este jueves en Sucre, interpuso un
Recurso Directo de Nulidad contra el Decreto Supremo que autoriza la
transferencia de recursos económicos para la organización y realización
de la Cumbre G77+China en Santa Cruz, dicho recurso derivaría en
responsabilidades penales por usurpación de funciones del Órgano
Ejecutivo.
“He presentado como diputada nacional, un recurso
directo de nulidad contra el Decreto Supremo 1910, el recurso es contra
el presidente Evo Morales por usurpación de funciones; él ha determinado
mediante un Decreto la transferencia de más de 49 millones para la
Cumbre G77, esta es una atribución exclusiva de la Asamblea Legislativa
Plurinacional, esto no estaba previsto en el Presupuesto General de la
Nación y para cualquier modificación tiene que haber una autorización de
la ley”, afirmo Delgado.
La asambleísta además solicito la Excusa de tres
Magistrados del TCP, por haber demostrado que tienen parcialidad con el
Órgano Ejecutivo, dichos magistrados serian el magistrado Ruddy José
Flores Monterrey, la magistrada Neldy Virginia Andrade, y el magistrado
Efrén Choque Capuma, lo que implicaría que estos magistrados no tendrían
que participar de dicho caso, por carecer de criterios imparciales.
Asimismo dijo que espera que el Tribunal
Constitucional resuelva conforme a la Ley, para que se respete el dinero
de todos los bolivianos, aclaro que no está haciendo ninguna
valoración respecto a la Cumbre G77, a pesar de no tener carácter
vinculatorio.
Estaría presentando también Peticiones de Informe
Escrito al Ministro de Relaciones Exteriores y de Economía para saber
exactamente cuánto dinero se estaría gastando, bajo que partidas y
normativa legal.
Según Delgado el decreto debería anularse y el
Órgano Ejecutivo tiene que rectificar sus acciones, de lo contrario
ameritarían responsabilidades.
“No hay
justificación ni disposición legal que le autorice (al ejecutivo), es
una disposición arbitraria del dinero de todos los bolivianos y eso
amerita responsabilidades, no solamente penales sino civiles, ya que
están disponiendo gastos de pasajes, viáticos y alimentación de
personas que no son servidores públicos, el Tribunal Constitucional
debe hacer respetar el dinero del pueblo boliviano (…), tiene que haber
una autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (para
transferencia de recursos), de lo contrario significa delitos, de
usurpación de funciones, de malversación de fondos, va implicar
responsabilidades para el Órgano Ejecutivo, para todos sus ministros”,
finalizo.
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