Informe de Amnistía Internacional sobre la situación en Bolivia
(Documento).- Amnistía Internacional (AI) emitió su informe sobre la situación de los derechos humanos en Bolivia en 2014-2015.
A continuación divulgamos el informe:
El Informe 2014/15 de Amnistía Internacional
Estado plurinacional de Bolivia
Jefe del Estado y del gobierno: Evo Morales Ayma
Continuó
negándose la justicia, la verdad y una reparación plena a las víctimas
de violaciones de derechos humanos cometidas durante los gobiernos
militares del pasado. Siguió sin respetarse el derecho de los pueblos
indígenas a la consulta y a un consentimiento libre, previo e informado.
Tampoco se garantizó el acceso igualitario a los derechos sexuales y
reproductivos.
INFORMACIÓN GENERAL
En
octubre, el presidente Evo Morales fue reelegido para un tercer
mandato. Más del 50 por ciento de las candidaturas al parlamento eran de
mujeres. Este hecho obedecía a que por primera vez se aplicaba la
cláusula de igualdad de género de la Ley de Régimen Electoral de 2010.
En
octubre, Bolivia aceptó la mayoría de las recomendaciones formuladas en
el proceso del examen periódico universal de la ONU, entre ellas las
relativas a investigar las violaciones de derechos humanos cometidas en
el pasado y garantizar su reparación plena y efectiva, revisar la
legislación que penalizaba el aborto y mejorar las condiciones de las
prisiones. El Comité de Derechos Humanos de la ONU1
y el Comité de la ONU contra la Tortura ya habían manifestado su
preocupación sobre estos mismos temas en octubre y mayo de 2013,
respectivamente.
Impunidad y sistema de justicia
Cincuenta
años después del inicio del régimen autoritario militar (1964-1982), no
se había realizado ningún avance para proporcionar justicia a las
víctimas de violencia política ni se habían tomado medidas para poner en
marcha un mecanismo que revelara la verdad sobre las violaciones de
derechos humanos cometidas durante ese periodo.2 Las
autoridades hicieron caso omiso de las inquietudes expresadas por
órganos nacionales e internacionales sobre la falta de transparencia y
el carácter injusto del proceso de reparación que concluyó en 2012 y del
que se benefició poco más de una cuarta parte de los solicitantes.
En
febrero de 2014 estalló un incendio en el campamento de la organización
de víctimas Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad, por
la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, ubicado frente
al Ministerio de Justicia;3
el fuego destruyó archivos y documentos. Las investigaciones
preliminares indicaban que la causa del incendio había sido un fallo
eléctrico. Sin embargo, la organización denunció que se trataba de un
ataque intencionado. Al concluir el año, continuaban las investigaciones
criminales sobre este suceso. Se recibió información4
que indicaba que se habían retrasado las investigaciones de una
agresión perpetrada en febrero de 2013 contra un miembro de esa misma
organización de víctimas.
En julio, Bolivia
presentó en Estados Unidos la segunda solicitud de extradición contra el
ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, acusado de cargos relacionados
con el caso del “Octubre Negro”, ocurrido a finales de 2003 y en el que
67 personas murieron y más de 400 resultaron heridas durante unas
protestas en El Alto, cerca de La Paz. La anterior petición de
extradición había sido rechazada en 2012. En mayo de 2014, un juez
federal de Estados Unidos había admitido una acción civil contra el ex
presidente y su ministro de Defensa por su responsabilidad en los
hechos.
Prosiguieron, aunque con retrasos, las
actuaciones judiciales relativas a la masacre de Pando de 2008, en la
que murieron 19 personas, en su mayoría campesinos, y otras 53
resultaron heridas.
Continuaban las audiencias
judiciales sobre el caso de 39 hombres acusados de participar en una
presunta conspiración para matar al presidente Evo Morales en 2009. Al
concluir el año, no se habían investigado las denuncias de ausencia del
debido proceso ni los homicidios de tres hombres muertos en 2009 en
relación con el caso. En marzo, el fiscal que dimitió tras denunciar
injerencias políticas en el caso y que posteriormente fue acusado de
estar involucrado en actos de extorsión solicitó asilo político en
Brasil. En agosto, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención
Arbitraria afirmó que la detención de uno de los sospechosos había sido
arbitraria y recomendó su puesta en libertad y reparación inmediatas.
En
junio se iniciaron ante la Asamblea Legislativa Plurinacional
procedimientos penales contra tres jueces del Tribunal Constitucional
por incumplimiento del deber, entre otros delitos. Los jueces fueron
suspendidos de sus funciones.
Violencia contra mujeres y niñas
Según
un estudio realizado en 2014 por la Organización Panamericana de la
Salud, Bolivia presentaba la tasa más elevada de violencia contra las
mujeres ejercida por sus parejas y la segunda más alta de violencia
sexual en la región. En octubre se promulgó normativa que regulaba el
presupuesto y la aplicación de la Ley 348 de 2013 para garantizar el
derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Derechos sexuales y reproductivos
Aunque
en febrero el Tribunal Constitucional Plurinacional resolvió que el
requisito de autorización judicial para acceder al aborto, según lo
dispuesto en el artículo 266 del Código Penal, era inconstitucional, la
aplicación de esta decisión seguía pendiente.
La
Asamblea Legislativa Plurinacional seguía debatiendo un proyecto de ley
de 2012 sobre derechos sexuales y reproductivos que garantizaría el
derecho a recibir información sobre servicios de salud sexual y
reproductiva para prevenir embarazos no planificados o no deseados, así
como el derecho a la educación sexual en las escuelas, entre otras
disposiciones.
Derechos de los pueblos indígenas
En
noviembre, 14 funcionarios policiales fueron imputados en relación con
el uso excesivo de la fuerza durante una marcha pacífica celebrada en
2011 contra la construcción de una carretera en el Territorio Indígena y
Parque Nacional Isiboro-Sécure. La fiscalía desestimó la implicación de
altas autoridades civiles denunciada por las víctimas. El plan
de construcción de la carretera permaneció suspendido tras la
controvertida consulta a las comunidades indígenas afectadas, efectuada
en 2012.
La nueva Ley de Minería aprobada en
mayo excluía la consulta con los pueblos indígenas para proceder a la
prospección y exploración mineras, y no reconocía el principio de
consentimiento libre, previo e informado en relación con los proyectos
que les afectaran. Concluyó la redacción de un anteproyecto de ley de
consulta previa, libre e informada.
Defensores y defensoras de los derechos humanos
Persistía
la preocupación por los requisitos especificados en una ley de 2013
para otorgar personalidad jurídica a las ONG. En virtud de dicha
regulación, las organizaciones debían especificar su “contribución al
desarrollo económico y social” del Estado. En 2013, el Comité de
Derechos Humanos de la ONU recomendó que Bolivia eliminara tales
exigencias porque restringían la capacidad de las organizaciones de
operar con libertad, independencia y eficiencia.
En
enero, unos miembros del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del
Qullasuyu (CONAMAQ) que mantenían una vigilia frente a la oficina de su
organización en La Paz fueron desalojados de forma violenta por otros
grupos indígenas que se habían atribuido la dirección del CONAMAQ. Según
denuncias, la policía no intervino para evitar el desalojo violento.
En
marzo, la ONG danesa IBIS Dinamarca canceló la mayoría de sus proyectos
en Bolivia después de que, en diciembre de 2013, el gobierno anunciara
su expulsión del país alegando que estaba interfiriendo en temas
políticos y contribuyendo a crear divisiones en el seno del movimiento
indígena.
Condiciones de reclusión
Persistía
la preocupación por la falta de seguridad y las precarias condiciones
en los centros penitenciarios. Tanto las demoras que impedían la
conclusión de juicios en un plazo razonable como la práctica excesiva de
la prisión preventiva y el uso limitado de alternativas a la detención
contribuyeron al hacinamiento en las prisiones. Los decretos
presidenciales promulgados en 2013 y 2014, que concedieron indultos y
amnistías con el objetivo de paliar el problema del hacinamiento en las
cárceles, no estaban dando el resultado esperado.
En
agosto, la Defensoría del Pueblo informó de que se había avanzado poco
en la investigación sobre la muerte de más de 30 reclusos de la cárcel
de Palmasola, Santa Cruz, ocurrida en agosto de 2013.5
En
septiembre, cuatro internos murieron y una docena resultaron heridos en
un enfrentamiento entre reclusos en la prisión de El Abra, en
Cochabamba. Al concluir el año, continuaban las investigaciones sobre
este suceso.
- Bolivia: Información para el Comité de derechos Humanos de las Naciones Unidas (AMR 18/005/2013), www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/005/2013/es
- Bolivia: "No me borren de la historia": Verdad, justicia y reparación en Bolivia (1964-1982) (AMR 18/002/2014), www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/002/2014/es
- Bolivia: Arde un campamento de víctimas de los gobiernos militares (AMR 18/001/2014),www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/001/2014/es
- Bolivia: Una manifestante agredida mientras la policía hace caso omiso (AMR 18/001/2013),www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/001/2013/es
- Bolivia: Las autoridades bolivianas deben investigar completamente la tragedia en la cárcel de Palmasola (AMR 18/004/2013), www.amnesty.org/es/library/info/AMR18/004/2013/es
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