Yaksic y Delgado presentan informe de Comisión y concluyen que hay injerencia política

(Boletín institucional).- Los diputados Fabián Yaksic, del Movimiento Sin Miedo y Rebeca Delgado, disidente del MAS, presentaron este jueves el informe sobre la primera parte del trabajo de fiscalización que realizaron como miembros de la Comisión de “Justicia y Verdad” y llegaron a la conclusión que “existe injerencia política” por parte del gobierno en al menos 40 casos judiciales a través de la “manipulación” del Órgano Judicial.  

Los dos asambleístas brindaron una conferencia de prensa de manera conjunta donde explicaron y expusieron los papelógrados con las denuncias presentadas por ocho exservidores públicos y exfiscales detenidos en la cárcel de Palmasola a quienes entrevistaron el pasado 3 de abril, además dieron a conocer las conclusiones a las que arribaron luego de dos meses de fiscalización de casos polémicos como el de Terrorismo.

“La existencia de injerencia política del gobierno del MAS en aproximadamente 40 casos que están señalados en los papelógrafos atendidos directamente por estos servidores públicos que reflejan la manipulación política del Órgano Judicial y del Ministerio Pública bajo las instrucciones de los diferentes gabinetes jurídicos”, explicó Yaksic.

La Comisión de “Justicia y Verdad” entrevistó a Dennis Rodas Limachi, Boris Villegas y Fernando Rivera, exasesores y exfuncionarios del Ministerio de Gobierno, Roberto Acha exfiscal de materia en la Unidad de Sustancias Controladas, Isabelino Gómez exfiscal de Distrito del departamento de Santa Cruz, Edward Mollinedo exfiscal anticorrución, Moisés Aguilera exjefe de Dircavi Santa Cruz y Ramiro Ordoñez exfuncionario del Ministerio de Gobierno, quienes brindaron datos reveladores.

Una de las denuncias detallada por el diputado Yaksic se refiere a la existencia de gabinetes jurídicos desde el 2008 hasta el 2011 que están a cargo de ministros, viceministros con la participación de fiscales “quienes manipularon a través de los indicados servidores públicos diferentes casos públicos para favorecer políticamente al partido oficialista Movimiento Al Socialismo con los argumentos de garantizar la estabilidad del gobierno encabezado por el presidente Evo Morales y la seguridad interna del Estado”.

Los gabinetes jurídicos, tal como denunciaron en Palmasola, se avocaron a nombrar fiscales del Ministerio Público y jueces del Órgano Judicial que trabajaron para el gobierno. “Se dieron a conocer en estos papelógrafos este listado de al menos 24 abogados entre fiscales y jueces sobre los que tiene incidencia el gobierno, a juicio de estos servidores públicos, para lograr condenas o detenciones irregulares”.

Otra de las denuncias, según señaló Yaksic, se refiere a que se montó paralelamente al servicio de Inteligencia de la Policía Nacional un servicio de contrainteligencia, primero en la UTARC, F-10 del Ejército, hasta lo que hoy es el Grupo de Investigación de Casos Especiales dependiente del Ministerio de Gobierno y de la Unidad de Seguimiento y Análisis Estratégico con ítems del Ministerio de Gobierno pero bajo dependencia de la Vicepresidencia del Estado.

“Denunciaron la existencia de equipos de intercepción telefónica a cargo del Viceministerio de Régimen Interior equipos que fueron utilizados en varios de los casos mencionados por estos exservidores públicos”.

Finalmente, los entrevistados en Palmasola hicieron conocer la existencia de financiamiento del Gobierno de Venezuela para la implementación y sostenimiento del “aparato paraestatal”.

Copias de la información recabada en las entrevistas a los ocho exservidores públicos y exfiscales serán enviadas a la Fiscalía General del Estado, al Consejo de la Magistratura, al Alto Comisionado de los Derechos Humanos, al Defensor del Pueblo y a la Asamblea Permanente de Derechos Humanos para que inicien una investigación seria de los casos denunciados.

Conclusiones de la investigación    

La diputada Delgado informó que entre las conclusiones de la investigación se pudo evidenciar que ha existido violación de Derechos Humanos y garantías jurisdiccionales del debido proceso, del derecho a la defensa, del principio de contradicción y del derecho de juez natural, lo que manifiesta que no se cumple con la Constitución Política del Estado, con la Ley del Ministerio Público, con el Código de Procedimiento Penal y menos con la Ley del Órgano Judicial.

“Hay jueces, fiscales y policías que carecen de autoridad para cumplir sus funciones establecidas en la Constitución Política del Estado y las leyes que los rigen por falta de independencia debido a la injerencia política partidaria desde el Órgano Ejecutivo por lo cual se precisa investigaciones específicas para determinar responsabilidades respecto a todo este montaje político, todas estas personas que forman parte de este montaje tienen que ser investigados”, señaló Delgado.

También informó que se puede atribuir los delitos de consorcios de jueces, fiscales, policías y abogados como es el caso denunciado contra el viceministro de Régimen Interior, Jorge Pérez, por pertenecer a un buffet jurídico en el que estaría Jimy Montaño y Jerjes Justiniano, Delgado aseguró que se cuenta con documentación que respaldan el consorcio y que fue denunciado a diferentes autoridades desde el 2012.

Protección Internacional

Determinaron solicitar la presencia del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la ONU y de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para que verifique la vulneración de Derechos Humanos y la ausencia de garantías jurisdiccionales de los detenidos denunciantes en las cárceles de Palmasola y de San Pedro.

“Nos dimos cuenta que aquí no hay protección ni para parlamentarios ni para detenidos por lo tanto estamos pidiendo protección internacional respecto a todos estos casos que tengan que ser investigados”, señaló.

Anunció que la próxima semana presentarán como asambleístas una denuncia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por la obstaculización a las labores de fiscalización y por la vulneración a las garantías y libertades constitucionales porque creen que no solo fueron acusados falsamente sino que son objeto de persecución, acoso y violencia política y amedrentamiento. 

(Fuente de foto y boletín: MSM)

Diputados Fabián Yaksic y Rebeca Delgado